Se obtuvo financiación para crear el programa VIPER, lo que resultó en el arresto de 50 líderes de pandillas y la confiscación de armas y municiones de las calles. Esto redujo la tasa de homicidios del condado a la mitad durante el primer año.

Redactó el proyecto de ley para combatir el robo de piezas de bombas de riego y equipos agrícolas.

Redactó un proyecto de ley para eliminar el impuesto a las multas de tráfico, un recargo del 20 % sobre las multas de tráfico que va íntegramente al Fondo General y no respalda ningún programa específico.

Obtuvo $1 millón para reforzar la aplicación de la ley en UC Merced después de un ataque al campus vinculado a ISIS.

Llevar la AB 2682, con el apoyo de fiscales de distrito, jefes de policía, alguaciles y otros agentes del orden público, para luchar contra los convertidores catalíticos y el robo minorista organizado.

Se opuso a la fianza cero, que los votantes también rechazaron como Proposición 25.

Se opuso a la Proposición 47, que reducía las sentencias y permitía a los delincuentes regresar a las comunidades antes de que se hubiera completado la rehabilitación.

Trabajó al otro lado del pasillo para promover un proyecto de ley que convertía el robo de cualquier arma de fuego en un delito grave, independientemente de su valor financiero, para revertir un error crítico creado por la Proposición 47.

Se opuso a la Proposición 57, que permitía la liberación anticipada de prisión y ahora está vinculada a redes de robo minorista.

Trabajó con las autoridades para prohibir el uso de la llave de estrangulamiento que mató a George Floyd sin poner en peligro la seguridad de los oficiales.